Cuando la lógica administrativa y gerencial implica la merma del potencial puertorriqueño

A raíz de las palabras dichas ayer por el presidente interino de la UPR, Miguel Muñoz, y de los elogios mostrados por Antonio Silva, presidente de la Comisión de Hacienda, por la presentación de Muñoz, Wilberto Jiménez, presidente de la HEEND, afirmó que comienza a oler un futuro de fusiones de los programas académicos y la eventual desaparición de recintos universitarios.

Es una pena que don Wilberto no haya leído El Coquí Cojo, donde venimos diciendo esto desde el pasado septiembre, cuando inauguramos el blog.

En el presupuesto de Muñoz se incluye la continuación en el congelamiento de salarios de empleados y profesores, reducir los gastos médicos de los mismos, etc. Incluso don Miguel lanzó, como quien no quiere la cosa, el dato de que 8 recintos tienen menos de 5,000 estudiantes… Obviamente, se debe tomar el discurso como un anticipo de un muy probable plan de cierre de algunos de ellos.

Jiménez indicó que Muñoz ni siquiera mencionó la deuda de 300 millones que las agencias gubernamentales le deben a la UPR, por lo que no se puede esperar que Muñoz haga mucho al respecto.

Todo esto concuerda con nuestros análisis sobre la situación de la UPR, y de la incompetencia financiera de la administración. Sugerimos a nuestros lectores que lean los artículos previos sobre el asunto.

No hay duda que seguirá el colapso de la UPR, lentamente pero sin pausa. La masacre de estudiantes, que aún continúa, ya va teniendo repercusión en el número de profesores, que seguirá en declive al ritmo que se vayan retirando sin ser reemplazados. Además ya van siendo cada vez más los profesores que están yéndose por iniciativa propia a universidades americanas. Y ya casi no llega nadie de afuera, tanto puertorriqueños que acaban sus estudipos docotrales en EE.UU., Europa y Amñerica Latina, como profesores extranjeros. También repercutirá en el número de empleados no docentes, y finalmente en el número de empleados administrativos, que irónicamente debían haber sido los primeros en sentir los recortes. Pero era lógico que la administración universitaria protegiera a sus empleados, convertidos en cómplices de forma involuntaria, y fueran los estudiantes los primeros en ser perjudicados.

Desgraciadamente, vivimos en un país en el que lo mal hecho es la norma y no la excepción, donde la lógica administrativa, en todos los sectores, lleva inexorablemente a la merma del potencial puertorriqueño.