La repentina idea de separar un 10% de la lotería nacional para crear un fondo especial para proveer becas a los estudiantes que no puedan sufragar la cuota de $800 que será impuesta en enero es una señal clara de que el gobierno quiere evitar otra huelga universitaria. Sin embargo, quieren que la cuota se imponga de todas maneras. Según estimados, el nuevo fondo podría llegar a 30 millones de dólares, que cubrirían una parte de los 90 millones que se espera que recaude la cuota. De aprobarse, lo tendría que hacer en menos de dos semanas (16 de noviembre) para que pueda repartirse las becas a tiempo para pagar la cuota.
A simple vista la medida podría parecer aceptable, ya que responde a las críticas de las organizaciones estudiantiles a que la cuota dejaría sin la posibilidad de estudiar a los estudiantes de bajos recursos. Sin embargo, al igual que se aprobaría, se podría rescindir sin dificultades para el próximo pago cíclico de la cuota. Es decir, el carácter de urgencia de la medida sugiere también que el propósito de la misma es ganar tiempo a que el movimiento estudiantil se debilite y que ya no ofrezca la suficiente resistencia en el segundo ciclo de la cuota.
Desde el punto económico, el gobierno simplemente ha hecho cálculos de riesgo, es mejor recaudar 60 millones de dólares (90 de cuotas – 30 de becas) que cero. Es obvio que la alternativa de rebajar la cuota a unos $600 para todos los estudiantes no sería tan efectiva dada la posición de los movimientos estudiantiles de izquierda que no tienen problemas al considerar imposiciones diferentes a los estudiantes según la capacidad económica de sus familias. En referencia a esto, el Coquí Cojo estima que las organizaciones estudiantiles se equivocan, pero entendemos que siguen los patrones de la izquierda anacrónica que subsiste dado sus poderosos ideales. Curiosamente, esta aptitud estudiantil les resta fuerza ya que socava su unidad. Por lo mismo no es sorprendente que sean los estudiantes de medicina y de leyes los que regularmente se opongan a los movimientos huelgarios, dado que ellos son los que menos que se benefician de los mismos.
Queremos que el lector entienda que la actitud del gobierno es la de minimizar los daños que se ciernen dada la resistencia constante estudiantil, que no pierde fuerza. También todos sabemos que el gobierno es el que está controlando la presidencia universitaria, y que es hábil al dar mostrar la cara con una medida que a simple vista pueda considerarse pro-estudiantil.
El análisis final es claro: por 60 millones de dólares de lo que quedaría de la cuota al descontar las becas no merece la pena tanta conmoción e inestabilidad en la universidad pública de nuestro país. Si el gobierno tiene la capacidad de sacar un 10% de la lotería cada vez que le viene en gana, debería hacerlo permanente en provecho de la universidad, al menos hasta que se limpien sus cuentas. Si hicieran esto, se acabarían las huelgas por el plazo necesario para que la UPR recobre el camino sensato.
Lo importante ahora es conseguir la certificación de la UPR.
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