Hoy en El Nuevo Día se señala el contrato que el gobierno de Fortuño tiene con la buffet de abogados Wilmer & Hale para que lleve a cabo el trabajo sucio en Washington. Con "trabajo sucio" queremos decir que dicha firma se encarga de que las instituciones federales miren hacia otro lado y aprueben el proyecto del gasoducto Vía Verde. Pero esto no es todo, según El Nuevo Día:
"De noviembre de 2010 a junio pasado, Wilmer & Hale tuvo un contrato de $500,000 con la Policía de Puerto Rico, con el propósito de mitigar la investigación que realiza la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las denuncias de violaciones de derechos civiles y brutalidad policial".
Esto explicaría las palabras del superintendente hace unas semanas de que no sabía de ningún caso federal contra la policía de PR por violaciones a los derechos civiles. Quizá Don Emilio ya daba por zanjado el éxito del cabildeo del buffet de abogados. Recordemos que Fortuño no tardó en corregirle diciendo que sí existían dichas investigaciones federales, si bien se guardó muy bien de mencionar lo que estaba haciendo su gobierno para meter las acusaciones bajo la alfombra.
También según la información de El Nuevo Día, se desprende que la firma Wilmer & Hale se ha contratado para otros menesteres relacionados al Departamento de Justicia y el Banco Gubernamental de Fomento.
Los honorarios de la firma americana de abogados alcanzan cifras millonarias y quién sabe si existirán honorarios o beneficios de otra índole, especialmente si se alcanzan los objetivos buscados.
Esta es la realidad de nuestro gobierno, que no duda en poner el dinero de nuestras recaudaciones en nuestra contra. Un gobierno transparente no intentaría superar las posibles objeciones al gasoducto de esta manera, sino que intentaría remediarlas mediante mejoras técnicas que fuesen aprobadas por las agencias reguladoras pertinentes a la vez que mantendría bien informado al pueblo. Lo que sucede es que el gobierno siempre tiene como premisa que el pueblo es tonto y fácil de engañar, lo que es una verdadera lástima. Nos preguntamos ¿cuándo será el día en el que tengamos un gobierno transparente? Un gobierno que se conforme con llevar los asuntos sobre la mesa, a la vista de todos, sin tapujos ni manipulaciones.
No nos cabe duda alguna que el proyecto del gasoducto ha sido un error desde el principio, y ya hemos hablado mucho sobre ello en el blog. Es un proyecto anacrónico que hubiese sido útil hace 30 años. El gas natural no es una energía renovable, es una energía fósil como el petróleo y el carbón. Sí es verdad que es más limpia que éstas, pero teniendo en cuenta las posibilidades que tenemos en nuestro país para establecer programas gigantescos de energía solar y eólica, tecnologías ya muy probadas y eficientes, deberíamos olvidarnos del gas natural, del que no somos productor dígase de paso, que sería importando en un 100%. Otra gran preocupación del gasoducto es el impacto ambiental. Debido a nuestro reducido tamaño, el riesgo no merece la pena. El no haber sabido hasta ahora establecer una industria turística que saque ventaja de nuestra belleza natural, no nos da permiso a degradar dicha belleza con un tubo que parta la isla en dos. Las soluciones alternas al gasoducto (construir un embarcadero para buques tanqueros en la costa norte, cerca de las plantas; o de construir una planta de gas natural en la costa sur, cerca del embarcadero actual) han sido descartadas por el gobierno desde un principio. ¿Y por qué? Nos tememos que la razón de ello es la codicia de las partes involucradas. Los megaproyectos son muy difíciles de fiscalizar económicamente. Requieren centenares de contratos y subcontratos con una miríada de empresas de todos los tamaños. Sólo recordemos cómo Fortuño firmó un contrato con la empresa de un amigo suyo de la infancia, empresa que no tenía ni idea ni competencia alguna con proyectos de dicha índole, y que se limitó a subcontratar a otra empresa que sí era competente. Así se lavan millones de dólares, y los políticos que cabildean y extienden los contratos terminan millonarios a costa de nuestro pueblo.
El gobierno es incapaz de recapacitar. Y lo que es peor, ve peligrar su reelección por culpa del gasoducto. En estos momentos no le impora en absoluto el bienestar de la isla, y no duda en presionar lo que sea necesario para sacar el proyecto adelante. De ahí el anuncio hace unos días de que la factura de la luz no bajará en más de un año, a pesar que los precios del petróleo estén bajando y se espera que sigan bajando. De lo que se trata es de intimidar al pueblo como sea posible.
No cabe duda que luego del miserable desempeño de la red eléctrica tras el paso de Irene, el dinero que nos vamos a gastar en el gasoducto debería ser utilizado para construir una nueva red eléctrica que sea más eficiente (que las pérdidas de fluido eléctrico sean mucho menores con el uso de conductores más modernos, que tenga capacidad de auto-restauración, que sea capaz de redistribuir el fluído eléctrico de una manera eficiente dependiendo de la demanda por región, que tenga un trazado que permita el desvío del fluído cuando haya un corte, etc.). Lo irónico de todo es que el ahorro energético que se preveec con el gasoducto, y por tanto el impacto en la factura de la luz, sería de un 15% (lo que nos tememos es un estimado demasiado optimista, hecho para convencer a la gente), lo que sería muy probablemente alcanzable con la reconstrucción de la red.
El fiasco de los megaproyectos no es nuevo. Recordemos que lo mismo sucedió con el Tren Urbano, que se tragó más de 2,500 millones de dólares (casi el 30% del presupuesto anual actual de nuestro país) y que resultó en una miserable línea que muy poca gente utiliza. Por el mismo costo se pudiera haber construido una línea férrea alrededor de toda la isla...
Felicitamos a El Nuevo Día por su trabajo investigativo.
No comments:
Post a Comment