Hoy en El Nuevo Día apareció una noticia sobre las sospechas que existen de que la UPR comenzó una estrategia coordinada para hacer más difícil la admisión en el sistema. Es decir, las sospechas de que la UPR ha implementado una iniciativa para que entren menos estudiantes a la universidad. Esto ya lo identificamos en El Coquí Cojo desde que comenzamos en septiembre. En líneas generales, hemos notado que poco a poco lo que denunciamos está saliendo a la luz.
Ibis Aponte Avellanet, vicepresidenta de Asuntos Académicos, niega que exista una estrategia para disminuir el número de admisiones. Obviamente, estas declaraciones no nos sorprenden ya que la administración niega rutinariamente lo que hace hasta que es muy tarde para cambiarlo y evitar los daños infligidos.
Según tenemos constancia en El Coquí Cojo, el bajón en el número de admisiones en agosto de 2010 en el Recinto de Río Piedras fue de un 30% en comparación al año anterior. Este 30% representa unos 1000 estudiantes aproximadamente. Obviamente, la Facultad que se vio afectada de inmediato fue la de Estudios Generales, que vio reducido su ofrecimiento académico en un porcentaje similar a la caída de estudiantes de nuevo ingreso. Por ejemplo, los departamentos de Inglés y Español pasaron de ofrecer unas 150 – 160 secciones a 100 – 110 secciones. El grave problema de reducir el número de estudiantes de nuevo ingreso es que sus consecuencias retumban 4 ó 5 años, el término promedio de un estudiante que transita por la vida universitaria con éxito. Además, cuando el número de ingresos no compensa el número de graduaciones, el descenso en la población estudiantil se acelera.
Por otro lado, el Recinto de Río Piedras no recontrató a centenares de profesores con contratos de servicio a tiempo completo para compensar el descenso de estudiantes. Algunos de estos profesores no tuvieron más remedio que seguir enseñando algunas clases sueltas pagadas a unos $2,200 por semestre. Muchos pasaron de contratos de 10 meses, que representaban un salario de $50,000 al año (con beneficios médicos durante esos 10 meses) a la precariedad de $8,000 - $12,500 al año (sin cobertura médica). Obviamente, esto ha provocado que muchos profesores hayan comenzado a irse de Puerto Rico. La situación es grave para el país ya que el perfil típico del profesor bajo contrato de servicio es de profesional joven, con doctorado, dinámico, con una visión comprometida al mejoramiento del sistema educativo…
Al parecer, la eliminación de contratos de servicio a tiempo completo fue tan severa (sin considerar en ningún momento el impacto en la calidad de enseñanza, y sí solamente los ahorros en salarios), que la administración tomó la decisión de aumentar el número de alumnos por sección a 30, limitando aún más el número de secciones ofrecidas para que la plantilla permanente fuera suficiente (cuando ni ésta era suficiente, se le quitaron las descargas académicas por razones investigativas). Obviamente la interacción de profesor – alumno disminuye considerablemente si se pasa de 22 – 24 alumnos por salón a 30, especialmente cuando tenemos en cuenta que muchas de las secciones “viola” el número de 30 y terminan teniendo 32 – 35 alumnos. No es raro el caso del salón que no tenga pupitres suficientes y “se resuelva el problema” con alumnos sentados en el suelo. El lector se preguntará por qué no se meten más pupitres en el salón, y la respuesta es que cada salón tiene un número máximo de pupitres para cumplir con las regulaciones del código de incendios (entre otras) y tiene asignado una capacidad máxima de personas (como los restaurantes), y esto se “regula” con el número de pupitres permitido (al igual que asientos en un teatro o mesas en un restaurante). Obviamente, meter a 34 estudiantes donde se supone que no puede haber más de 26 es una clara violación del código de incendios, pero la administración de la UPR se pasa la regulación por los… Este problema ha sido denunciado en innumerables ocasiones por la facultad y otros colectivos, pero nada se hace al respecto (obviamente hasta que pase una desgracia).
Tampoco se tiene en cuenta la carga de trabajo que representa para el profesor tener a 30 estudiantes en lugar de 24, por decir un número. Si tenemos en cuenta que el profesor típico enseña 4 secciones, esto representa 24 estudiantes adicionales, que es el equivalente a una 5ta sección. Es decir, el profesor termina enseñando una sección de gratis. Claro, como los profesores no están sindicalizados, estas quejas pasan a las manos de las organizaciones de profesores como la APPU, que no pueden hacer mucho porque no disponen de poder real; además que la apatía y falta de unidad del profesorado son lamentables.
En la entrevista de El Nuevo Día, la señora Aponte defiende lo indefendible como puede: “No existe una razón pedagógica para limitar el número de estudiantes por clase a 15 ó 20 porque se afecta el aprendizaje. Está evidenciado que eso sólo tiene impacto a nivel preescolar”, lo cual es una soberana tontería y nadie con dos dedos de frente se lo cree, especialmente cuando el modelo del profesor que imparte cátedra sin que exista interacción real con los alumnos es un modelo que se ha abandonado desde hace décadas en todo el mundo. Este tipo de argumentos es típico de los administradores universitarios, que siguen sacando conejos de la chistera de lo absurdo, mencionando resultados de supuestos estudios, cuyos autores y revistas nunca mencionan. Obviamente, de seguro hubo un buen número de estudios hace un siglo que defendía el castigo corporal de los alumnos… Todo es defendible, vamos…
Es obvio que la calidad de la enseñanza baja con un aumento de alumnos por salón. La técnica de “cortinas de humo” que utilizan los administradores al esgrimir argumentos que tildan de “evidencias” al plantearlos como resultados de estudios fiables se ha hecho muy popular entre los administradores de la UPR (véase la serie que ha utilizado la misma rectora, Ana Guadalupe). Por ejemplo, en el caso del número de alumnos por sección, la señora Aponte hubiera defendido sin problemas justo lo contrario, es decir, un bajón en el número de estudiantes por salón, diciendo que “según estudios, es importante la interacción profesor-estudiante a nivel individual” o cualquier argumento similar.
Otro argumento sacado de la chistera es el siguiente: “La matrícula de la Universidad baja y sube y obviamente no es momento de subir. Es momento de asegurar el servicio”. Aquí la palabra “matrícula” se refiere al número de estudiantes matriculados, no al precio de los créditos. Lo gracioso de sus palabras es que con lo de “no es momento de subir” alguien creería que la señora Aponte defendiera que el número de estudiantes se mantuviera estable, y no que se admitieran un 30% menos de estudiantes. Eso de “que no es momento de subir” no amerita que “aceptamos a un 30% menos” que entendamos nosotros…
En cuanto a la caída en el número de estudiantes que se está produciendo ahora durante el proceso de matrícula para este semestre que viene, la señora Aponte menciona: “este semestre la institución podría perder otros 6,200 estudiantes debido a un proceso “natural”, que ocurre todos los años para esta fecha”.
El número de 6,200 representa un 10% de la población estudiantil que estudió el semestre de otoño 2010. Ayer publicamos un artículo donde poníamos en evidencia el uso truculento del “80%” que defiende la rectora como el número de estudiantes que ya han pagado la cuota. En dicho artículo decíamos que ya veríamos en pocos días los resultados reales del bajón en el número de estudiantes, y probamos que el “80%” era en realidad “47%”, lo que invalida el argumento de la rectora del descenso natural entre los semestres de agosto y enero (al parecer todos los administradores ventilan el argumento de la “caída natural” para quitarle importancia a la masacre de estudiantes infligida por la cuota). También decíamos ayer que el bajón promedio “normal” en enero oscilaba entre un 8% y un 15%. Pues bien, ya tenemos el número oficial: “10%” según la señora Aponte (6,200). Cuando sepamos el número real de matriculados en enero, sabremos exactamente el número de “asesinados” por la cuota.
Terminamos el artículo con las siguientes palabras de la señora Aponte: “Si yo le ofrezco a un estudiante algo que yo no le puedo cumplir, yo no estoy cumpliendo con el estándar de integridad institucional”.
Pues bien, todos los estudiantes que están hoy presentes en la UPR entraron a ella sabiendo lo que pagarían por los siguientes años ya que había un acuerdo en el aumento progresivo de matrícula… Por tanto, la cuota, según las palabras de la señora Aponte, constituye la falta de integridad institucional… ¿no?
Es incluso peor en el caso de un estudiante sofisticado que eligió a la UPR por los parámetros que ésta constataba en su hoja de datos como el número de estudiantes por salón, el número de alumnos por profesor, etc. Todos estos parámetros están siendo claramente incumplidos…
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